Residían en la Comunidad de Madrid y ‘trabajaban’ en Murcia y Alicante. Pero, en realidad, lo que hacían los siete miembros de una red criminal era ceder sus documentos a terceros, en situación irregular, para que estos pudieran acceder al mercado laboral. Agentes de la Policía Nacional acaban de desarticular este entramado dedicado a la falsificación de tarjetas de identidad de extranjeros con el fin de favorecer la inmigración irregular y defraudar a la Seguridad Social. En total, 17 personas han sido detenidas, de los cuales diez eran ‘clientes’.
La investigación deriva de una operación anterior. Los agentes de la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) tuvieron conocimiento, en julio de 2022, de que un grupo de trabajadores temporeros radicados en Murcia y Alicante, subsaharianos llegados a España en patera de manera ilegal, estaban inscritos en empresas de trabajo temporal con identidades falsas; es decir, no eran quienes decían ser.
Detrás de esos datos fiscales estaban otras personas, siete de los detenidos, que operaban una red criminal dedicada a la falsificación de tarjetas de identidad de extranjeros. Estos individuos, también subsaharianos, tenían su centro de operaciones en la Comunidad de Madrid, algo que desde un primer momento hizo sospechar a los investigadores. Fuentes policiales explican que «era raro» que estas personas, que residían en Madrid, estuvieran llevando a cabo una actividad laboral muy lejos de su región de residencia.
Los siete sujetos estaban en situación regular y se servían de su posición para lucrarse de personas vulnerables recién llegadas a España. Aprovechaban sus datos personales y tarjetas bancarias para articular todo el entramado. Captaban a sus ‘clientes’ en las provincias de origen, los inscribían en empresas de trabajo temporal, buscaban los empleos y, en definitiva, dotaban a los trabajadores de toda la infraestructura necesaria.
A cambio, no cobraban por facilitar su documentación, sino que se llevaban la totalidad de la nómina de los trabajadores e, igualmente, conseguían ser beneficiarios de una futurible prestación por desempleo y de la cotización para jubilación. La red criminal recibía los salarios y solo entonces decidía qué cantidad de dinero debía llegar a los trabajadores. Generalmente, según explican fuentes de la investigación, «les daban algo mínimo, lo justo para tener un sustento».
Las empresas de trabajo temporal, por su parte, no eran conocedoras de esta intrahistoria. Desde la UCRIF afirman que con unos mismos datos, los que facilitaban los verdaderos titulares de las tarjetas, podían trabajar varias personas, inscritas en ETT de Murcia y Alicante. Durante el primer semestre del pasado año, las diez personas que obtuvieron los puestos de trabajo fueron detenidas como presuntos responsables de los delitos de falsedad documental y usurpación de estado civil.
Tras las primeras detenciones, los investigadores se centraron en averiguar la identidad de quienes facilitaban sus datos personales y sus cuentas bancarias con ánimo de lucro. Las pesquisas condujeron a la Comunidad de Madrid, donde estaban afincadas siete personas que mediante esta estrategia recibían nóminas y generaban derechos pasivos. Todas ellas fueron detenidas a finales del pasado mes de agosto, como presuntos responsables de los delitos de usurpación de estado civil, favorecimiento de la inmigración irregular y fraude a la Seguridad Social.
Los 17 arrestados pasaron a disposición de la autoridad judicial por favorecer la inmigración irregular y defraudar a la Seguridad Social.
