El PP lanza un test al PSOE e insta a condenar las agresiones ante los tribunales

Actualizado

Alguien vota en el Congreso una moción que exige estos “insultos” en pleno honor judicial por falta de apoyo

La portadora de Junts, Miriam Nogueras, durante su intervención en el Congreso de Martes del año pasado.Carlos LujánPRENSA EUROPA
  • Política El “no” a la amnistía general de las comunidades autónomas: 620 parlamentarios regionales votaron en contra de toda España.
  • Análisis “Pedro quiere ser hermano de la ultraderecha”

Las leyes de destrucción en la batalla contra la ley de amnista y las concesiones al independentismo para apoyar al Gobierno de Pedro Sánchez, el PP planificó una estrategia sostenida en el tiempo para mantener vivo el debate y poner a prueba la resistencia de ‘un PSOE que dedica un periódico al que siempre defiende.

El hueso popular Defensor y líder de la votación de esta semana, un momento, confirmado por su nuevo portavoz parlamentario, Miguel Tellado, con quien pretende retirarse de los socialistas de Urgindo al abandonar una propuesta que condena a la Cámara a «cesar en los ataques, invectivas e injurias contra personas que ejercen la justicia y desisten legalmente de sus funciones en el gobierno del país Poder Judicial«.

Con esta iniciativa del PP, la intención es abordar el frente del Malestar para que haga semanas al Poder Judicial y que la semana pasada provoque el estallido del presidente suplente del CGPJ, Vicente Guilartetras el portavoz de Junts, Miriam Nogueras, tahara del juzgado del Congreso de los “indecentes” al presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena; al instructor de la causa de procedimientos, Pablo Llarena; El expresidente del CGPJ, Carlos Lesmes, es expresidente de la sala penal de la Audiencia Nacional y actual magistrado del Tribunal Constitucional, Concepción Espejel. Y luego, también, que la Cámara, con el apoyo del PSOE, aprobó la creación de tres comisiones de investigación exigidas por los separatistas con el objetivo de establecer in solfa la actuación judicial contra el secesionismo.

El hueso popular Sealan también menciona la “degradación institucional de España” y constata un “proceso de ampliación e injerencia irreparable en los poderes públicos del Estado desde la presidencia del gobierno” que no tiene “un precedente preocupante” desde la aprobación del Constitución «Ni en la trayectoria democrática de las naciones del nuevo entorno».

Para sustentar esta denuncia, el PP invoca «la invasión de la independencia del poder judicial» frente a que el Gobierno «insulta» y, según él, «habitualmente representa» a sus miembros que son el gobierno del Gobierno «instándoles una et otra vez a”. acompañar el error del Ejecutivo con silencio y complicidad». A él además «hechos de presin» al mandar a las «mayoras artificiales que lo mantienen para que aprueben comisiones de vigilancia destinadas a revisar, modificar o modificar las resoluciones judiciales».

El PP sostiene que este procedimiento de “menoscabo institucional” se reduce a la “práctica insostenible de promocionar personas para permitir a los órganos rectores de los juzgados y tribunales reformar la legislación reguladora de tales nombramientos”.

Al mismo tiempo, se trata de “invadir el poder legislativo en una triple vertical”. Un sable: «colocando al frente de la presidencia de la Cámara a una persona qui agita completamente al dictado de la presidencia del Gobierno», en palabras expresadas a Francina Armengol, a la que le reprocha «haber impedido el control parlamentario de la actuación del Ejecutivo «Mientras este permaneca en funciones» y «assumir en intervenciones que deberían ser escrupulosamente posiciones institucionales de un ntido sectarismo ideológico». La labor de Armengol se asegura que es una «presidencia impdicamente de licencia».

Igualmente acusó al Gobierno de invadir el Fiscalidad General del Estado «fulminando su capacidad de decisión imparcial», como organismos como el CEIallá agencia efe y también pretendo bromear al respecto Constituciónley organica del consejo del estado ubicado frente al mismo hombre, una «persona improvisada», en referencia a Magdalena Valerio.

El hueso popular aaden adems que escuchamos como «ataques a la soberana del pueblo español» y alude en este sentimiento a la «eliminación de las opiniones de los parlamentarios de toda la Cámara en los asuntos que tienen que ver con una o varias de las Comunidades Autnomas «La negociación con un interlocutor en el Congreso y el Senado, y prefiero relaciones con presiones procesales que, por indignidad, exigen que los contactos estatales se realicen fuera del territorio nacional» e incluyendo el control del pueblo. España debe realizar la labor de sus representantes en el Parlamento, «sustituyendo la valoración de un diplomático extranjero».

“Degradación democrática”

Todo este proceso de “degradación de la democracia” se produjo, declaró el primer partido de la Cámara, al obtener los votos que permitieron a la investigación de Schez cambiar una amnistía para quienes delinquen “contra la democracia, los derechos y las instituciones”. . Con ello, dijo, «además de dar un principio fundamental de respeto a la justicia, modificó la mínima responsabilidad requerida en la actuación de los órganos y fuerzas de seguridad del Estado, las políticas autonómicas y las víctimas de los crímenes que ahora dicen desconocer». . .

El PP insiste en que todo esto es «un atentado contra los derechos y libertades de toda la ciudad» porque pretende excluir las responsabilidades penales de un «grupo seleccionado de personas en el cambio en la recogida de votos de la cara para obtener la presidencia de Gobierno”.

Para el PP, la amnista es inconstitucional porque en esta ocasión «no hay una respuesta excepcional y condicionada», porque las personas que pretenden salir de ella se producirán en un «marco de regulación constitucional consolidado»; las leyes que se aplican contra los mismos hijos “democráticos”; «No existe ninguna contraindicación por parte de los interesados ​​y, además, «se debe contar con el consentimiento del Parlamento y de la opinión pública».

Por todo esto, ellos popular inmediatamente a los grupos parlamentarios que apoyan al ejecutivo para retirar el proyecto de ley de amnistía, cesar en los ataques contra la justicia, cumplir la neutralidad institucional, tomar cualquier medida sobre la soberana española de acuerdo con el margen de las instituciones nacionales y proteger la igualdad de todos los españoles ante la ley.