Embargan cuentas de CAME por una denuncia de acoso laboral contra su presidente

La Justicia embargó una cuenta de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y reclamó que el Banco Central informe otras cuentas para realizar un embargo preventivo, por una denuncia de acoso laboral contra su presidente, Alfredo González, un empresario muy cercano al gobernador chaqueño Jorge Capitanich.

«El comportamiento en que incurrió la demandada es el que la doctrina ha tipificado como mobbing, esto es aislamiento de la trabajadora, destrucción de las redes de comunicación, difundir falsas informaciones u otras conductas que lesionen su integridad o dignididad», sostuvo la jueza María Elena López en el fallo de primera instancia, que condena a CAME, al que accedió Clarín.

Allí se asegura que «se acreditó la existencia de maltrato anterior a la ruptura del vínculo», pese a que la empleada «se desempeñó de manera satisfactoria por el plazo de ocho años en la entidad demandada».

Por ejemplo, previo al despido le quitaron la computadora de su escritorio, blanquearon la contraseña del correo para que no pueda acceder más a la casilla de mail y formaron un grupo de WhatsApp donde se dirigían las tareas al sector donde incluyeron a todo el equipo menos a ella.

El despido de la empleada ocurrió en noviembre de 2021, cuando asumió la actual gestión en CAME y estaban prohibidos los despidos, según la normativa dictada por el gobierno de Alberto Fernández en plena pandemia de coronavirus.

Fuentes cercanas a las actuales autoridades de la entidad que conduce González dijeron a Clarín que «CAME está a derecho. Hubo un embargo preventivo y nosotros no teníamos todo el dinero en el banco, pero están trabajando en eso los abogados y vamos a cumplir con todo lo que ordene la Justicia».

Los abogados de CAME habían reclamado que este expediente se manejara «en reserva del caso» en la Justicia. Y las fuentes de la entidad se mostraron contrariadas por su difusión, ya que consideran que «fue un despido y no se trató de acoso laboral».

El fallo de la jueza López condenó en junio pasado a las autoridades de CAME a pagar 6,8 millones de pesos a la víctima -de quien se preserva el nombre-, 2,5 millones y 1,7 millón a los abogados de ambas partes, 1,35 millón al perito contador y la misma cifra al perito informático, más los intereses hasta la fecha de pago.

Y el lunes pasado la Justicia pidió al Banco Central información sobre las cuentas de CAME en diferentes bancos, ya que la cuenta informada en el juicio no llegaba a cubrir el embargo preventivo ordenado por la jueza López.

Anuncios de Massa en CAME

Las oficinas de CAME fueron el lugar donde este miércoles el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, dio un discurso en el que criticó la política económica del macrismo -entre 2015 y 2019- y anunció el «dólar PyME», un incentivo que regirá desde el lunes para las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas.

«Así como hemos incentivado para la soja, desde el lunes las exportaciones pyme también tienen el incentivo de ingreso de Contado con Liquidación del 25%, para poder garantizar mayor volumen y flujo de ingreso que acelere el proceso de exportaciones argentino», dijo Massa en el Encuentro Federal Pyme, que organizó la Confederación de la Mediana Empresa.

Sergio Massa en CAME.
Foto Federico López Claro.

Allí también expusieron el candidato presidencial Juan Schiaretti, de Hacemos por Nuestro País, y el candidato a vicepresidente Luis Petri, de Juntos por el Cambio, en un evento que contó con la conducción del periodista Alejandro Fantino.

«Las pymes somos el 70% de la mano de obra privada y más del 99% de las empresas en la Argentina. Pero no fuimos una parte especial en el debate de los candidatos. Por eso, decidimos invitarlos a exponer en nuestra casa», dijo el titular de CAME, González, al inicio del Encuentro Federal Pyme.

La Confederación de la Mediana Empresa cambió de presidente hace dos años, cuando eligió a Alfredo González, hombre muy cercano a Capitanich, representante de la Federación Económica del Chaco, propietario de una empresa de elaboración de muebles y equipamiento para oficinas, presidente del Club Atlético Regional de Resistencia y vicepresidente de la Bolsa de Comercio de Chaco.

Fue a partir de ese cambio de gestión cuando, según describió la denunciante en la justicia comenzaron las acciones sistemáticas y sostenidas de acoso laboral que desembocaron en su despido.