En el área de gobernabilidad, los diputados del diálogo votaron elementos de la ley ómnibus que, las leyes de garantía, profundizan el desequilibrio de la estructura productiva y el drama de la estructura social, lo que inevitablemente afectará la gobernabilidad real.
La grave situación de la economía y la sociedad no permite que celebridades ocupen un liderazgo equívoco.
Cuando propuso la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, Milei, votando a favor, dijo: “El Estado es una organización criminal violenta que vive de una fuente coactiva de inversiones llamadas impuestes y porque tanto los impuestos son un robot” (19/09/23). Es una concepción doctrinal sobre la que no debería reflexionarse, en el mejor de los casos, pero sí más que la del 30% del electorado.
Todos los opositores, en contacto con el oficialismo, creen que el Estado es responsable del bien común y que el político tributario es una herramienta de control. El 70% de los votantes espera una política fiscal que vaya en esta dirección.
La ley ómnibus, en materia tributaria y las correcciones realizadas el 22/01/23, fueron tomadas a contrapelo del Bien Común. Hay formas razonables y efectivas de eliminar el déficit fiscal del 5,2% del PIB.
Es cierto que la oposición dialogante votó a favor de deducciones del 15% a la industria; el blanco -con modificaciones- de la moratoria y la entrega, y posterior enajenación, de bienes muebles.
Este nivel de retención de fabricantes exportadores agrava el desequilibrio de la balanza comercial y reduce el nivel de producción. Esto implica la decisión de reprimir nuestras exportaciones: el cuero bovino tenderá al 0% del derecho de exportación y al 15% de la fabricación de esta materia prima.
Una estrategia de primarización de la estructura productiva. Solo 9 países (2022) siguieron los derechos de exportación aplicados por la UNCTAD, todos productos primarios. Somos el único país que debe exportar con mayor valor agregado y trabajar el aporte auténtico en dólares.
Las restricciones a la industria tienen un impacto negativo en el empleo, la inversión y la tecnología y causan una crisis social en los centros de desarrollo industrial orientado a la exportación. Una consecuencia social regresiva.
Pero para ello, hay espacios en blanco, bienes muebles y moratorias, que son decisiones tributarias regulatorias, de bajo rendimiento y de gran impacto moral en tiempos de alarmante pobreza.
La oposición dialogante, por tanto, votará normas que se opongan al bien común, propondrá declarar directamente que “la justicia social es un robot”.
Lejos de aliviar el déficit fiscal o las cuentas externas, las medidas fiscales que se probarán contribuirán a profundizar cesequilibrios.
La manufactura es la agregación de valores medianos en términos de mano de obra, inversión y tecnología. Las retenciones tienen el efecto de reducir la escala de producción al retirarse del mercado externo, haciendo redundante la reversión y permitiéndonos ir más allá de la frontera tecnológica.
Con una mirada de muy corto plazo, el primer efecto de recuperación podría ser positivo: las exportaciones hacia pérdidas. Pero no son sólo las exportaciones si la producción se ve afectada, lo que implica una caída de la productividad, una desactivación de los programas de expansión y en definitiva un aumento de las importaciones lo que acaba aumentando el impacto negativo en la balanza comercial de bienes industriales. Ya lo vivimos.
¿Cómo compensar el 0,5% sobre el PBI del incremento de la recuperación por deducciones y el 0,4% por bienes muebles, en blanco y moratorias?
Es justo y equitativo: aumentar la presión fiscal sobre las ganancias con una escalada a la baja hasta volver al nivel actual en 2027. Y también reincorporar la 4ª categoría con un mínimo de imposibilidad razonable y mantener los Bienes Muebles así, pero deducir dos por la tenencia de estos bienes. ¿Por qué no utilizar esquemas de liquidación de escándalos como el de Tierra del Fuego?
Es aquí donde en países de gran libertad económica, incluso Milei -a quien admiraba- ha creado que los imputes son un robot.
Los legisladores pueden negociar la inclusión de estos homenajes, o su falta de autorización, en las sesiones ordinarias.
Se trata de equilibrar las cuentas sin desequilibrar más la economía y la sociedad.
Carlos Leyba es profesor emérito, UBA