Un nuevo capítulo en el debate por la reforma del sistema de salud ha encendido las alarmas en diversos sectores. El Ministerio de Salud alista la expedición de un decreto con el que pretende avanzar en la implementación de aspectos sustanciales de la reforma sin necesidad de aprobación legislativa. La decisión, que ha sido calificada por algunos como un “atajo normativo”, ha generado incertidumbre jurídica, preocupación financiera y una creciente controversia política.
El decreto en cuestión plantea la creación de la Red Integral e Integrada de Servicios de Salud (RIISS), una figura que ya había sido propuesta dentro del articulado original de la reforma que fue discutida, pero no aprobada en el Congreso. Bajo esta estructura, se reorganizaría la forma en que se contratan y prestan los servicios de salud, trasladando competencias clave a los entes territoriales y transformando el papel de las Entidades Promotoras de Salud (EPS).
Aunque el Gobierno defiende que el decreto está respaldado por regulaciones existentes y no necesita pasar por el proceso legislativo, especialistas en derecho constitucional y estudiosos del sector salud han señalado que este documento excede una mera regulación administrativa. Ellos sostienen que el texto propone modificaciones significativas al sistema vigente de aseguramiento, lo cual, en su perspectiva, debería ser discutido y ratificado en el Congreso de la República, respetando el principio de separación de poderes.
Uno de los aspectos más criticados es la ausencia de claridad sobre las fuentes de financiamiento necesarias para garantizar la implementación de la RIISS. El nuevo modelo implicaría que los recursos del sistema de salud sean manejados directamente por las Administradoras de Recursos de Salud (Adres) y por autoridades locales, lo que modificaría el flujo tradicional del dinero que hoy transita por las EPS. Según cálculos preliminares, se requerirían miles de millones de pesos adicionales para poner en marcha las nuevas redes, pero no existe, hasta ahora, una fuente concreta y sostenible que respalde ese gasto.
Al mismo tiempo, diferentes partes involucradas en el sistema de salud —como gobernadores, secretarios de salud de los departamentos y asociaciones de profesionales de la industria— han expresado su inquietud por la próxima implementación de un modelo que no se ha evaluado ni siquiera en una fase piloto. Temen que, sin una planificación correcta, puedan surgir deficiencias en la prestación de servicios, se incrementen las deudas con las clínicas y hospitales, y se agravien los problemas actuales, como los atrasos en los pagos a los proveedores y la congestión en los servicios de atención primaria.
El Ministerio, en su posición, argumenta que el decreto es esencial para impulsar la transformación del sistema y evitar que la oposición política continúe retrasando decisiones apremiantes. Afirma que la implementación será gradual y que se velará por los derechos de los usuarios, asegurando también la continuidad en el servicio médico. No obstante, las garantías sobre el funcionamiento del nuevo modelo siguen siendo limitadas y el texto definitivo del decreto aún no se ha dado a conocer, lo que aumenta la incertidumbre.
Ciertos grupos políticos han manifestado que podrían utilizar recursos legales para detener su implementación, sosteniendo que representa un uso inapropiado de la autoridad normativa. También se considera la opción de que la Corte Constitucional intervenga para evaluar el alcance del decreto, si se comprueba que reemplaza la función legislativa sin el correspondiente debate democrático.
Mientras tanto, los pacientes y los trabajadores del sistema observan con preocupación una reforma que, más allá de sus intenciones, aún no logra despejar dudas sobre su viabilidad técnica, jurídica ni financiera. La discusión de fondo sigue abierta: ¿es legítimo que el Ejecutivo avance en la reforma estructural del sistema de salud por vía administrativa, sin el respaldo del Congreso? ¿O se trata de una respuesta necesaria frente a un sistema que ha sido objeto de críticas profundas por años?
La realidad es que, mediante este decreto, la nación se acerca a un momento crítico en el ámbito de las políticas de salud, en un entorno de intensa polarización institucional y con repercusiones que podrían definir el futuro del sistema sanitario en los años venideros.
